Durante años, el CBD ha sufrido las consecuencias de una guerra emprendida por las autoridades francesas contra la legalización del cannabis. El CBD no es un estupefaciente y su consumo está autorizado en toda la Unión Europea.
Y sin embargo, el 31 de diciembre, el Gobierno demostró una vez más que seguiría cerrado a una política modernista, abierta a las nuevas perspectivas y oportunidades que ofrece el CBD en todas sus formas.
Prohibición del CBD: ¿qué consecuencias podemos esperar?
El 31 de diciembre del año pasado, el Gobierno se mantuvo en sus trece, ignorando una vez más la normativa europea y prohibiendo la venta y el consumo de flores y hojas crudas de CBD.
Se pisotean nuestros derechos empresariales y de propiedad, y cabe preguntarse si no se trata claramente de una cuestión política, a 5 meses de las próximas elecciones presidenciales. Tanto más cuanto que el Gobierno optó por publicar este decreto el 31 de diciembre, lo que no facilita en nada el recurso judicial y obliga a muchos profesionales a cerrar de la noche a la mañana.
¿No tenía el Gobierno mejores cosas que hacer que venir a invadir el territorio del Consejo Constitucional, al que ya se ha encargado que se pronuncie sobre esta cuestión, una semana antes del veredicto?
Las flores de CBD se utilizan principalmente para el síndrome de abstinencia del cannabis. Sin medios legales para abastecerse, estos consumidores recurrirán al mercado negro para comprar productos ilícitos, poniendo en riesgo su salud.
Estudios científicos (University College London, 2013) también han demostrado los beneficios del CBD en el síndrome de abstinencia a la nicotina.
Hoy, el Estado no puede hacer oídos sordos a los datos científicos y a las repercusiones que esta decisión puede tener en el bienestar de muchos ciudadanos.
Así que en lugar de apoyar un mercado legal, respaldado por Europa, el Gobierno prefiere abrir la puerta a un mercado ilegal e inseguro.
Así que no vamos a dejar que este nuevo decreto pisotee nuestros derechos y, como llevamos semanas preparándonos, vamos a luchar contra esta decisión para garantizar que se reconozcan los intereses de nuestros clientes y de todos los que participan en el mercado del CBD y que se respeten nuestros derechos.
Por ello, High Society colabora con la UPCBD para denunciar esta política abusiva e injustificada.
Los remedios están disponibles a través de :
- Una "référé-liberté" para argumentar a favor de la libertad de empresa. Esta decisión podría obtenerse en un plazo de 48 horas.
- Un recurso de anulación porque la orden carece de base jurídica y está restringiendo el comercio. El propio fundamento de la orden es injustificado.
- Por último, un recurso de suspensión: a la vista de todos los datos que se han facilitado a las instituciones competentes, pedimos que se suspenda la nueva orden hasta que se hayan estudiado. Esperamos recibir una respuesta a nuestra petición en un plazo de 30 días.
Una vez más, el Gobierno intenta imponer una reglamentación contraria al sentido común, burlándose escandalosamente de las repercusiones sobre los agentes de este mercado. Ignora deliberadamente los datos científicos y todas las ventajas puestas de manifiesto tras años de investigación.
¿Cuál es la situación actual de la regulación del CBD?
Esta nueva orden es una aberración sin fundamento, que se adelanta al Consejo Constitucional, que debe pronunciarse el 7 de enero. Al tiempo que se burla abiertamente de la decisión que puedan tomar los jueces, el Gobierno parece haber olvidado que la decisión final sobre la legalidad del CBD corresponde al Consejo Constitucional.
Además, al Gobierno no parece importarle destruir un mercado próspero y con futuro. Miles de comercios se verán privados del 70 o incluso el 80% de su facturación, poniendo en peligro su supervivencia de la noche a la mañana.
Por último, parece haber olvidado que la Unión Europea ya se ha pronunciado a favor del CDB y no verá con buenos ojos esta prohibición, que va en contra del enfoque moderno y visionario adoptado por Europa.
Actualmente se están examinando 2 cuestiones prioritarias de constitucionalidad (CPC): una remitida por el Conseil d'État el 8 de octubre de 2021 relativa a la clasificación del CBD como sustancia legal, y la segunda remitida por la Cour de Cassation al Conseil Constitutionnel el 24 de noviembre. High Society ha unido sus fuerzas con la Union des Professionnels du CBD (UPCBD) para apoyar estas cuestiones.
El resultado de estos 2 QPC podría resultar decisivo, en la medida en que una declaración de inconstitucionalidad privaría de todo fundamento jurídico no sólo al decreto de 22 de agosto de 1990, sino también al nuevo decreto.
Estos procedimientos son una nueva oportunidad para convencer al gobierno francés de la legitimidad del comercio de flores. Hoy en día, sin duda haría bien en escuchar la demanda pública de productos legales y regulados.
La prohibición del CBD y del cannabis continúa, mientras que nuestros vecinos europeos avanzan hacia la legalización. En lugar de avanzar y abrir sus oportunidades, Francia prefiere acabar con todo un comercio en favor de un mercado ilegal e inseguro.
El CBD, un bien de bienestar del que se abusa desde su llegada en España
Todo comenzó en 2018, con la llegada del cannabidiol, más conocido como CBD. El Gobierno francés pidió a la Mission Interministérielle de Lutte Contre les Drogues et les Conduits Addictives (MILDECA) que publicara un texto sin valor legal en el que se estipulaba que las flores de cáñamo estaban prohibidas y que los productos con CBD estaban autorizados con la única condición de que tuvieran un contenido de THC del 0%. Sin embargo, este texto carece de valor jurídico.
Luego, en una circular fechada el 20 de julio de 2018, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (DACG) del Ministerio de Justicia, hizo un llamamiento para tomar medidas enérgicas y procesar a los negocios en los que se venden productos que contienen CBD.
Siguió un largo periodo en el que se registraron muchas tiendas y aumentó el acoso policial a los negocios relacionados con el CBD. Muchos comerciantes y vendedores se encontraron bajo custodia policial, tratados como vulgares traficantes de drogas. Se confiscaron sus existencias y en algunos casos incluso se registraron sus domicilios.
Muchos comerciantes honrados han sido procesados pero no condenados, ya que la legislación sobre la CBD es muy imprecisa. Muchas vistas se han aplazado y siguen prolongándose.
Tras este periodo de persecución, se han llevado a cabo muchas acciones positivas, que apoyan los numerosos beneficios del CBD para nuestro bienestar.
Fue la sentencia Kanavape en 2020 la que marcó el inicio de esta nueva era: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un dictamen en el marco de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence, instando al juez a invalidar el procedimiento.
De hecho, el decreto de 1990 citado en el asunto Kanavape como base jurídica establecía que la explotación del cáñamo (cultivo, importación, exportación y utilización industrial y comercial) sólo se autorizaba si se cumplían los tres criterios acumulativos siguientes:
- La planta debe proceder de una de las variedades de Cannabis Sativa L. enumeradas en la Orden.
- Sólo pueden utilizarse fibras y semillas
- El contenido de THC de la planta debe ser inferior al 0,2%.
En su sentencia de 19/11/2020 (Kanavape), el TJUE consideró que el CBD no era un estupefaciente, que se beneficiaba del principio de libre circulación y que, en consecuencia, la venta de productos derivados de la planta entera, cultivada legalmente en la Comunidad, estaba autorizada. En conclusión, cualquier producto a base de CBD fabricado legalmente en un Estado miembro puede comercializarse en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
Por consiguiente, concluye que el principio de libre circulación de mercancías no es compatible con la normativa francesa que prohíbe la comercialización de CBD derivado de la planta entera y producido legalmente en otro país.
Por último, el 20 de julio de 2021, el Gobierno, a través del MILDECA, envió a la Comisión Europea un nuevo proyecto de decreto por el que se modifica el decreto de 1990 y se establece :
- Autorizar las actividades industriales que utilicen todas las partes de la planta de cáñamo, incluida la extracción de cannabidiol a partir de variedades de catálogo.
- Prohibir "la venta a los consumidores de flores u hojas crudas en cualquier forma, solas o mezcladas con otros ingredientes, en particular como productos para fumar, tisanas o popurrí, su posesión por los consumidores y su consumo", incluso si el contenido de THC del producto es inferior al 0,2%.
Según el Gobierno, esta restricción está justificada por razones de orden público, en particular la lucha contra el tráfico de drogas. El Estado sostiene que es imposible para los agentes del orden distinguir una flor de CBD de una verdadera flor de cannabis. Sin embargo, en la actualidad existen muchas soluciones que podrían y pueden ayudar a los agentes del orden a distinguir el CBD de los estupefacientes, sin tener que socavar todo un sector legal y próspero.
La protección de la salud pública (nocividad de los productos de fumar) se invoca con carácter subsidiario para intentar justificar esta restricción. Por ello, se pidió a la Comisión Europea que se pronunciara sobre la conformidad de esta orden con el Derecho europeo.
El 12 de noviembre del año pasado, la Comisión Europea emitió un dictamen en el que formulaba una serie de reservas y observaciones que obligaban a reformular la orden, en particular en lo relativo al contenido de THC y a la falta de precisión en su aplicación.
Numerosos reportajes televisivos, como el de Envoyé Spécial emitido en France 2 el 16 de diciembre del año pasado, reflejan el creciente interés del público y apoyan los beneficios de esta molécula, así como la importancia de regular la comercialización del CBD.
Ya es hora de que el Estado ponga fin a su represión prohibitiva y tenga en cuenta los últimos avances científicos y los intereses de sus ciudadanos.
