El Estado francés se excede en sus derechos y prohíbe la comercialización de flores de CBD


Desde hace años, el CBD sufre las consecuencias de una guerra librada por las autoridades francesas contra la legalización del cannabis. Recordemos que El CBD no es un narcótico y que su consumo está autorizado en toda la Unión Europea. 

Y, sin embargo, el 31 de diciembre, el Gobierno demostró una vez más que permanecería cerrado a una política modernista, abierto a las nuevas perspectivas y oportunidades que ofrece la CBD en todas sus formas


Prohibición del CBD: ¿qué consecuencias esperar? 

El 31 de diciembre, el Gobierno mantuvo su posición y una vez más ignoró las regulaciones europeas y prohibió la venta y el consumo de flores y hojas crudas de CBD.


Por lo tanto, se violan nuestros derechos a emprender y a poseer propiedades y podemos preguntarnos si no se trata claramente de una cuestión política, a cinco meses de las próximas elecciones presidenciales. Y tanto más cuanto que el Estado optó por publicar este decreto el 31 de diciembre, no facilitando el recurso judicial y obligando a muchos profesionales a cerrar de la noche a la mañana.


¿No tenía el Gobierno mejores cosas que hacer que invadir el territorio del Consejo Constitucional ya encargado de pronunciarse sobre este asunto, una semana antes del veredicto? 


Las flores de CBD se utilizan principalmente para la abstinencia de cannabis. Sin medios legales para obtener suministros, estos consumidores recurrirán al mercado negro para adquirir productos ilícitos, poniendo en riesgo su salud. 


Los estudios científicos (University College London, 2013) también han demostrado los beneficios del CBD en la abstinencia de nicotina. 


Hoy, el Estado no puede hacer la vista gorda ante los datos científicos y las repercusiones que esta decisión puede tener en el bienestar de muchos ciudadanos.

En lugar de apoyar un mercado legal, apoyado por Europa, el Gobierno prefiere abrir la puerta a un mercado ilícito e inseguro.


Por tanto, no vamos a permitir que este nuevo decreto viole nuestros derechos y, como venimos preparando desde hace semanas, vamos a luchar contra esta decisión, para reconocer el interés de nuestros clientes, el de todos los actores del mercado del transporte. CBD y hacer valer nuestros derechos. 

Por ello, High Society colabora con la UPCBD para denunciar esta política abusiva e injustificada. 


Los remedios se proporcionan a través de:

  • Un resumen de la libertad para hacer campaña a favor de la libertad de empresa. Esta decisión podría obtenerse en un plazo de 48 horas.

  • Un recurso de nulidad porque el decreto no tiene fundamento jurídico y restringe los negocios. El fundamento mismo de la orden no está justificado.

  • Finalmente, un recurso de suspensión: vistos todos los datos que se han proporcionado a las instituciones competentes, solicitamos la suspensión del nuevo decreto mientras se estudia. Podríamos tener una respuesta a nuestra solicitud en un plazo de 30 días.

Una vez más, el Gobierno busca imponer regulaciones que van en contra del sentido común, ignorando escandalosamente las repercusiones para los actores de este mercado. Deliberadamente hace la vista gorda ante los datos científicos y todos los beneficios sacados a la luz después de años de investigación. 


¿Qué pasa con la regulación del CBD hoy? 


Este nuevo decreto es una aberración infundada, que precede al Consejo Constitucional que deberá pronunciarse el 7 de enero. Por lo tanto, burlándose abiertamente de la decisión que podrían emitir los jueces, el Gobierno parece olvidar que es el Consejo Constitucional quien tiene la decisión final de pronunciarse sobre la legalidad del CDB. 


Además, al Gobierno no parece importarle socavar todo un mercado próspero y prometedor. Miles de tiendas se verán así privadas del 70 o incluso del 80% de su facturación, poniendo en peligro su supervivencia de un día para otro.  

Finalmente, parece olvidar que la Unión Europea ya se ha pronunciado a favor del CBD y no verá con buenos ojos esta prohibición, que va en contra de la dinámica moderna y visionaria adoptada por Europa. 


Actualmente, se encuentra en curso el examen de 2 cuestiones prioritarias de constitucionalidad (QPC): una remitida por el Consejo de Estado el 8 de octubre de 2021 relativa a la clasificación del CBD como sustancia jurídica y la segunda fue transmitida por el Tribunal de Casación a la Consejo Constitucional el 24 de noviembre. Para respaldar estos QPC, High Society unió fuerzas con la Unión de Profesionales del CBD (UPCBD) para apoyar estas cuestiones. 


El resultado de estos dos QPC podría resultar decisivo, en la medida en que una declaración de inconstitucionalidad privaría de base jurídica al decreto del 22 de agosto de 1990, pero también al nuevo decreto. 


Estos procedimientos constituyen una oportunidad adicional para convencer al Gobierno francés de la legitimidad del comercio de flores. Hoy en día, sin duda sería aconsejable escuchar la demanda del público de productos legales y regulados. 


La prohibición del CBD y del cannabis continúa, mientras que entre nuestros vecinos europeos la legalización está en marcha. Francia, en lugar de avanzar y abrir sus oportunidades, prefiere acabar con todo un comercio en favor de un mercado ilegal e inseguro. 


CBD, un activo de bienestar maltratado a su llegada a Francia


Todo empezó en 2018, con la llegada del cannabidiol, más conocido como CBD. El Gobierno francés pidió entonces a la Misión Interministerial de Lucha contra las Drogas y las Conductas Adictivas (MILDECA) que publicara un texto sin valor legal, estipulando que las flores de cáñamo están prohibidas y que los productos de CBD están autorizados con la única condición de que tengan un nivel de THC. del 0%. Sin embargo, el valor jurídico de este texto es cero.

Luego, en una circular del 20 de julio de 2018, la Dirección de Asuntos Penales e Indultos (DACG) del Ministerio de Justicia pidió la represión y persecución de las empresas que venden productos que contienen CBD. 


Siguió un largo período, durante el cual muchas tiendas fueron allanadas y durante el cual vimos un aumento del acoso por parte de la policía hacia todo lo relacionado con el CBD. Muchos gerentes y vendedores se encontraron bajo custodia policial, siendo considerados narcotraficantes comunes. Se han confiscado sus existencias y a algunos incluso se les han registrado sus casas. 

Por lo tanto, muchos comerciantes honestos se han visto perseguidos, sin ser condenados, ya que la ley que rodea al CBD es muy vaga. Los aplazamientos de audiencias son numerosos y se prolongan aún hoy.


Después de este período de persecución, se han llevado a cabo muchas acciones positivas que respaldan los numerosos beneficios del CBD para nuestro bienestar.


Fue la sentencia Kanavape de 2020 la que marcó el inicio de esta nueva era: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió un dictamen en el contexto de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence , lo que llevó al juez a invalidar la acusación.

En efecto, el decreto de 1990 invocado en el asunto Kanavape como fundamento jurídico disponía que la explotación del cáñamo (cultivo, importación, exportación y uso industrial y comercial) no estaba autorizada únicamente a condición de respetar los tres criterios acumulativos siguientes: 

  • La planta debe proceder de una de las variedades de Cannabis Sativa L. enumeradas en el decreto.

  • Sólo se pueden utilizar fibras y semillas. 

  • El contenido de THC de la planta debe ser inferior al 0,2%.

En su sentencia de 19/11/2020 conocida como Kanavape, el TJUE consideró que El CBD no era un narcótico, que se beneficiaba del principio de libre circulación y que en consecuencia se autorizaba la venta de productos derivados de la planta entera, cultivada legalmente en la zona comunitaria. En conclusión, cualquier producto de CBD fabricado legalmente en un Estado miembro puede comercializarse en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea. 


Por tanto, concluye que el principio de libre circulación de mercancías no es compatible con la normativa francesa que prohíbe la comercialización de CBD procedente de su planta entera y producido legalmente en otro país. 


Finalmente, el 20 de julio de 2021, el Gobierno, a través de MILDECA, comunicó a la Comisión Europea un nuevo proyecto de decreto, modificando el de 1990 y disponiendo: 

  • Autorizar las actividades industriales de todas las partes del cáñamo, y por tanto la extracción de cannabidiol de las variedades del catálogo. 

  • Prohibir “la venta a los consumidores de flores u hojas crudas en todas sus formas, solas o mezcladas con otros ingredientes, en particular como productos para fumar, infusiones o popurrís de hierbas, su posesión por parte de los consumidores y su consumo”, incluso si el contenido de THC de el producto es inferior al 0,2%

Según el Gobierno, esta restricción está justificada por razones de orden público, en particular la lucha contra el tráfico de drogas. El estado sostiene que es imposible para las fuerzas del orden distinguir la flor de CBD de la flor de cannabis real. Sin embargo, hoy en día existen muchas soluciones que podrían y pueden ayudar a las autoridades a distinguir el CBD de los narcóticos, sin tener que socavar todo un sector legal y próspero.


Como alternativa, se invoca la protección de la salud pública (nocividad de los productos para fumar) para intentar justificar esta restricción. Por lo tanto, se invitó a la Comisión Europea a comentar sobre la conformidad de este decreto con la legislación europea. 


El 12 de noviembre, la Comisión Europea emitió un dictamen con varias reservas y observaciones que hacían necesario reescribir el decreto, en particular en lo que respecta al nivel de THC y a la falta de precisión en su aplicación. 


Numerosos reportajes televisivos, como el reportaje Envoyé Spécial emitido en France 2 el 16 de diciembre, reflejan el creciente interés del público y respaldan los beneficios de esta molécula, así como la importancia de regular la comercialización del CBD.


Ya es hora de que el Estado ponga fin a su represión prohibitiva y tenga en cuenta los últimos avances científicos, así como los intereses de sus ciudadanos.